Martín Rivero explicó por qué muchas instituciones deportivas de San Juan no pueden recibir ayudas

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El subsecretario de Deportes de San Juan, Martín Rivero, se refirió a una problemática que afecta a gran parte del deporte provincial y explicó por qué numerosas federaciones, clubes y ligas no logran acceder a subsidios, programas y beneficios del Estado.

Lejos de apuntar a una falta de acompañamiento gubernamental, el funcionario puso el foco en las irregularidades administrativas que presentan muchas instituciones deportivas, situación que termina frenando cualquier tipo de asistencia oficial.

Según detalló Rivero, más del 60% de las entidades deportivas de la provincia atraviesan inconvenientes vinculados a documentación vencida, falta de balances, ausencia de asambleas y problemas ante Personería Jurídica.

El problema pasa por la falta de regularización institucional

Desde la Subsecretaría remarcaron que existe un reclamo frecuente hacia el Estado o hacia Personería Jurídica, bajo la idea de que “ponen trabas” o “palos en la rueda” al momento de gestionar ayudas económicas. Sin embargo, Rivero sostuvo que la situación tiene otro origen.

Muchas instituciones llevan entre dos y tres años sin realizar asambleas, mantienen comisiones directivas vencidas o no presentan balances contables, requisitos básicos para poder acceder legalmente a subsidios o programas provinciales.

“El Estado no puede transferir fondos a entidades que no están en regla. Para recibir beneficios, primero hay que cumplir con las obligaciones institucionales”, remarcaron desde el área de Deportes.

Clubes, ligas y federaciones complicadas

La problemática alcanza a distintos sectores del deporte sanjuanino. No solamente afecta a clubes barriales, sino también a ligas y federaciones que hoy presentan dificultades administrativas que limitan su funcionamiento.

La falta de regularización genera consecuencias directas:

  • imposibilidad de recibir subsidios,
  • dificultades para acceder a programas deportivos,
  • pérdida de convenios,
  • complicaciones para gestionar viajes o materiales,
  • y limitaciones para obtener apoyo económico.

En ese contexto, desde el organismo provincial señalaron que continuarán brindando asesoramiento para ayudar a las instituciones a ordenar su situación legal y administrativa.

No obstante, dejaron en claro que la responsabilidad final depende de cada dirigencia y de avanzar con la documentación correspondiente para volver a quedar habilitados ante los organismos de control.

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