ADEPA rechazó una cautelar judicial contra periodistas por considerarla un límite a la libertad de prensa
La entidad cuestionó una medida dictada por el juez Walter Federico Saettone a partir de una denuncia de Claudio Tapia y advirtió que las restricciones impuestas a periodistas generan un “efecto inhibitorio” sobre la labor informativa y el debate público.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su “seria preocupación y rechazo” por una medida cautelar dictada por el juez Walter Federico Saettone contra periodistas denunciados por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, al considerar que afecta la libertad de prensa.
Según informó ADEPA en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la resolución del titular del Juzgado de Garantías N° 7 de Pilar impone prohibiciones de contacto y acercamiento, además de ordenar abstenerse de difundir datos personales, imágenes o información del ámbito privado o familiar del denunciante.
La entidad sostuvo que la resolución “no menciona hechos concretos” que permitan atribuir a los periodistas denunciados la comisión de un delito, “ni siquiera con el grado de provisionalidad propio de una medida cautelar”.
ADEPA indicó además que la acusación contra los periodistas “se centra en la decisión editorial de informar de modo sostenido sobre el caso ‘AFA’”.
En ese marco, recordó que cuando se trata de personas con actuación pública o responsabilidades institucionales, la noción de vida privada “debe ser interpretada con especial cuidado” para no impedir investigaciones o publicaciones sobre asuntos de interés público.
La asociación manifestó también su preocupación por la prohibición de acercamiento respecto del denunciante y de los lugares donde desarrolla sus actividades habituales, al advertir que una restricción de ese tipo “puede afectar tareas básicas del periodismo”, como procurar información, formular preguntas o cubrir acontecimientos.
Asimismo, ADEPA afirmó que medidas de estas características generan “un serio efecto inhibitorio sobre la libertad de prensa” y consideró que la utilización de una denuncia penal para imponer restricciones cautelares a periodistas “sin fundamentos específicos” constituye un mecanismo indirecto de entorpecimiento de la labor periodística.
La entidad señaló además que la resolución implica una violación de la prohibición de establecer censura previa a la libertad de expresión y prensa contemplada en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. intimidad “debe ser compatible con el pleno ejercicio de la libertad de expresión” y advirtió que una decisión de este tipo constituye “un peligroso antecedente” para el ejercicio del periodismo y el debate público.
