La Corte Suprema devolvió a Rafecas la causa por la quinta vinculada a la AFA
El máximo tribunal anuló la resolución que había trasladado el expediente a Campana y dispuso que el juez federal Daniel Rafecas retome la investigación por presunto lavado de dinero y desvío de fondos. La Justicia busca determinar el origen de los recursos utilizados para adquirir una propiedad en Pilar, valuada en casi 17 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el juez federal Daniel Rafecas vuelva a quedar al frente de la investigación por presunto lavado de activos y desvío de fondos vinculados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La causa tiene como uno de sus principales ejes la compra de una quinta ubicada en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, cuya titularidad real y origen de los fondos permanecen bajo investigación judicial.
La decisión fue adoptada el jueves 19 de noviembre por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes dejaron sin efecto el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había dispuesto trasladar el expediente al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
Con esta resolución, el máximo tribunal hizo lugar al planteo presentado por el Ministerio Público Fiscal y determinó que la investigación continúe en los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la intervención de Rafecas.
El expediente no solamente busca establecer quién adquirió la propiedad de Pilar, sino también determinar si existió una estructura destinada a movilizar recursos económicos de la AFA fuera del sistema bancario argentino mediante operaciones realizadas a través de terceros.
La Corte cuestionó el traslado de la investigación a Campana
Uno de los aspectos centrales de la resolución fue el cuestionamiento al criterio utilizado por la Cámara Federal de Casación Penal para determinar qué juzgado debía intervenir en el expediente.
La Corte consideró que la decisión de trasladar la causa a Campana afectó de manera “severa e inequívoca” la garantía constitucional del juez natural y constituyó una “grosera” violación de las reglas de competencia.
Los magistrados también señalaron que los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña no habían analizado los argumentos presentados por el fiscal general Mario Villar.
El planteo del Ministerio Público Fiscal sostenía que la investigación tenía un alcance más amplio que la adquisición de una propiedad ubicada en territorio bonaerense.
Para la Corte, la localización del inmueble no resultaba suficiente para establecer que la totalidad de las presuntas maniobras investigadas debían ser examinadas por un tribunal de Campana.
En ese sentido, el máximo tribunal destacó que varias de las sociedades involucradas tienen domicilios legales u operativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También recordó que la Asociación del Fútbol Argentino tiene su sede institucional en Viamonte 1366/76, dentro de la misma jurisdicción.
Por esos motivos, los jueces concluyeron que Pilar no constituía “en modo alguno” el centro de dirección y desarrollo de las actividades investigadas.
Investigan una presunta estructura financiera vinculada con fondos de la AFA
La investigación judicial contempla la posibilidad de que se haya utilizado una estructura financiera para movilizar dinero relacionado con la AFA fuera de los canales bancarios habituales.
Según los elementos analizados en el expediente, las presuntas operaciones habrían involucrado distintas personas jurídicas, modificaciones societarias y movimientos patrimoniales.
La hipótesis investigada también comprende la posible intervención de una red internacional de intermediarios durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
El máximo tribunal señaló que el alcance de la pesquisa se modificó a medida que se incorporaron nuevas denuncias, requerimientos de instrucción fiscal y documentación relacionada con las operaciones investigadas.
Por lo tanto, la investigación no puede limitarse exclusivamente a determinar las circunstancias de la compra del inmueble.
Los investigadores deberán establecer si los movimientos financieros detectados estuvieron relacionados con recursos pertenecientes a la entidad que conduce el fútbol argentino.
Estas circunstancias forman parte de hipótesis judiciales que todavía deben ser comprobadas y no constituyen una determinación definitiva de responsabilidades penales.
Una propiedad de 105.000 metros cuadrados valuada en casi 17 millones de dólares
La quinta que originó parte de la investigación se encuentra en Villa Rosa, dentro del partido de Pilar, y tiene una superficie aproximada de 105.000 metros cuadrados.
El inmueble cuenta con distintas instalaciones, entre ellas un helipuerto, una cancha de paddle y un galpón utilizado para guardar vehículos.
Durante los procedimientos judiciales realizados en la propiedad, los investigadores encontraron un total de 54 automóviles de lujo y colección, que fueron incorporados al expediente.
De acuerdo con la valuación judicial, el inmueble tiene un valor estimado de 16.954.000 dólares, mientras que los vehículos secuestrados fueron tasados en 3.861.100 dólares.
La magnitud económica de los bienes constituye uno de los elementos que la Justicia analiza para determinar cómo se financió su adquisición y quiénes serían sus verdaderos propietarios.
Quiénes figuran como titulares de la propiedad investigada
La causa judicial comenzó en diciembre de 2025, a partir de una denuncia presentada por legisladores de la Coalición Cívica.
La presentación estuvo dirigida contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes figuran como titulares de Real Central SRL, sociedad a nombre de la cual se encuentra registrada la quinta.
Los denunciantes plantearon sospechas sobre la capacidad económica de ambos para afrontar la adquisición del inmueble.
Según los antecedentes incorporados a la investigación, Pantano había tenido vinculación dirigencial con la Asociación del Fútbol Argentino.
Al momento de la denuncia figuraba como monotributista y registraba una deuda bancaria superior a los dos millones de pesos.
Por su parte, Ana Lucía Conte, madre de Pantano, es jubilada y había percibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia.
Estas circunstancias fueron utilizadas como elementos de análisis para determinar si ambos contaban con los recursos necesarios para adquirir la propiedad.
La Justicia investiga si Pantano y Conte son los verdaderos propietarios de los bienes o si habrían actuado como presuntos testaferros de otras personas vinculadas con la AFA.
Los elementos que vinculan la investigación con Pablo Toviggino
Otro de los aspectos de la causa está relacionado con la posible vinculación del inmueble con Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino.
Durante los procedimientos realizados en la quinta, los investigadores encontraron distintos elementos que contienen referencias al dirigente.
Entre ellos se mencionan un bolso de la AFA, una plaqueta de homenaje entregada por Barracas Central con el nombre de Toviggino y cuadros vinculados con su figura.
El expediente también incorpora documentación relacionada con los 54 vehículos encontrados en la propiedad.
De acuerdo con los elementos investigados, existen cédulas azules de esos automóviles extendidas a nombre de familiares del dirigente.
Además, la documentación incluye registros de pagos de peajes realizados mediante una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Luciano Pantano.
Otro punto bajo análisis corresponde a presuntos pagos efectuados por la entidad futbolística a Real Central SRL, sociedad que figura como titular del inmueble.
La Justicia deberá determinar qué relación existe entre estos movimientos, los bienes secuestrados y la eventual utilización de fondos pertenecientes a la asociación.
Hasta el momento, la presencia de documentación y objetos relacionados con dirigentes no permite establecer por sí sola la existencia de delitos ni responsabilidades penales.
Rafecas deberá retomar una investigación que ya había impulsado
Con la resolución de la Corte Suprema, Daniel Rafecas deberá reasumir la conducción de una causa en la que ya había intervenido anteriormente.
El magistrado fue quien ordenó el allanamiento realizado el 12 de diciembre de 2025, procedimiento que permitió incorporar distintos elementos a la investigación.
Posteriormente, una resolución judicial había dispuesto que el expediente quedara bajo la competencia del juzgado federal de Campana.
La decisión del máximo tribunal dejó sin efecto ese traslado y estableció que la investigación continúe bajo la órbita del juzgado de Rafecas.
A partir de esta definición, deberán avanzar las medidas destinadas a determinar el origen de los fondos utilizados en las operaciones patrimoniales y la titularidad real de los bienes investigados.
El posible ascenso de Rafecas podría generar un nuevo cambio de juez
Aunque la Corte Suprema determinó que Rafecas retome la investigación, su permanencia al frente del expediente podría no ser definitiva.
El presidente Javier Milei envió al Senado de la Nación el pliego para la designación del magistrado como juez de la Cámara Nacional de Casación Penal.
En caso de que el nombramiento sea aprobado y se concrete su incorporación al nuevo tribunal, Rafecas deberá dejar su actual juzgado federal de Comodoro Py.
Esa situación obligaría a designar a otro magistrado subrogante para continuar con las investigaciones que actualmente se encuentran bajo su responsabilidad, incluida la causa vinculada con la quinta de Pilar.
Por el momento, la resolución de la Corte despeja el conflicto sobre la competencia judicial y permite que el expediente continúe su tramitación.
La investigación deberá concentrarse ahora en establecer quiénes son los verdaderos propietarios del inmueble y los vehículos, cuál fue el origen del dinero utilizado para adquirirlos y si existieron maniobras irregulares relacionadas con fondos de la AFA.
La determinación de eventuales responsabilidades dependerá de las pruebas que se incorporen y de las decisiones que adopte la Justicia durante las próximas etapas del proceso.
