El Gobierno intimó a la AFA y a la Liga Profesional para que expliquen sus balances contables
El Gobierno nacional intimó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol a presentar explicaciones y documentación respaldatoria sobre sus balances contables y financieros. La medida será impulsada por el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), y apunta a gastos e inversiones por más de USD 111 millones en el caso de la AFA y USD 340 millones en el de la Liga Profesional.
Según informó oficialmente el Ejecutivo, el requerimiento busca que ambas entidades detallen y justifiquen las cifras incluidas en sus estados contables, además de responder a las observaciones formuladas por el organismo de control. El Gobierno remarcó que el procedimiento se enmarca en las mismas exigencias que rigen para todas las personas jurídicas privadas registradas ante la IGJ, sin excepciones.
En el caso puntual de la AFA, la intimación incluye la presentación de documentación vinculada a gastos e inversiones que, según el Ministerio de Justicia, no estarían contempladas dentro de sus estatutos sociales. Desde el Gobierno recordaron que la AFA es una asociación civil sin fines de lucro, por lo que ciertos movimientos financieros generan cuestionamientos sobre su encuadre legal.
“El compromiso es con la igualdad ante la ley. Nadie está por encima de la ley ni tiene privilegios”, señalaron desde el Ejecutivo. Además, advirtieron que la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro de los plazos establecidos podría derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades como para sus directivos.
La medida representa una nueva embestida del Gobierno contra la conducción de la AFA encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. El último lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Conmebol contra las autoridades del fútbol argentino, por presuntas violaciones al Código de Ética y a la política anticorrupción del organismo sudamericano.
En esa presentación se solicitó la apertura de una investigación preliminar sobre un presunto entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según la denuncia, comprometerían los estándares de buena gobernanza exigidos por la Conmebol.
Todo este contexto se vincula con una causa judicial que lleva adelante el juez del Juzgado Penal Económico N°10, Marcelo Aguinsky. En ese expediente se investiga a la firma Real Central SRL y a dos personas identificadas como Luciano Nicolás Pantano, monotributista, y Ana Lucía Conte, jubilada y beneficiaria de asistencia social, señalados como presuntos testaferros de altos dirigentes de la AFA.
De acuerdo a la denuncia, Real Central SRL habría sido utilizada para la tenencia de bienes que no se corresponderían con la capacidad económica declarada de sus titulares. Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de diez hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, que incluye una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, haras con caballos de alta competencia y una colección de vehículos de lujo y autos clásicos.
El dominio del inmueble también es objeto de investigación: en 2017 fue adquirido por el exfutbolista Carlos Tévez, en junio de 2023 pasó a manos de Malte SRL —proveedora oficial de la AFA— y menos de un año después fue transferido a Real Central SRL. Además, las expensas y gastos de mantenimiento habrían estado a nombre de Wicca SAS, empresa vinculada a la ex secretaria de Finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y al ex director general ejecutivo del organismo, Juan Pablo Beacon.
La denuncia también pone el foco en contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas. Según el Boletín N.º 6089 de la AFA, fechado el 25 de marzo de 2022, Malte SRL fue contratada de manera directa por aproximadamente USD 550.000 para completar la instalación del sistema VAR. Si bien el documento oficial destaca la trayectoria de la firma como proveedora del organismo, la presentación judicial sostiene que existirían vínculos societarios y personales con ex directivos de la entidad.
Desde la AFA rechazaron las acusaciones y denunciaron una “evidente persecución política” contra su conducción. En un comunicado, señalaron directamente al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, a la diputada Juliana Santillán y a la senadora Patricia Bullrich, a quienes acusaron de intentar interferir en la vida institucional del fútbol argentino.
Asimismo, sostuvieron que desde el Poder Ejecutivo existe una intención de avanzar con la implementación de Sociedades Anónimas Deportivas, en contraposición al modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro que históricamente rige en los clubes argentinos.
La disputa entre el Gobierno y la AFA suma así un nuevo capítulo, con derivaciones administrativas, judiciales y políticas que podrían profundizar el conflicto en los próximos meses.
