El INPROTUR adjudicó USD 148 mil a una empresa vinculada a un dirigente de River
El Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), organismo que depende de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes encabezada por Daniel Scioli, quedó envuelto en una controversia luego de la adjudicación de un contrato internacional por USD 148.000 a una firma relacionada con Stefano Di Carlo, dirigente de Club Atlético River Plate.
La información fue difundida por [Noticias Argentinas](https://noticiasargentinas.com?utm_source=chatgpt.com) y apunta a que la empresa beneficiada fue Ronda 360, dedicada a servicios de comunicación y prensa institucional. La contratación estuvo orientada a fortalecer la promoción turística de Argentina en mercados estratégicos de América Latina, principalmente Brasil, Chile y México.
De acuerdo con lo publicado, el proceso habría contado con apenas dos oferentes y culminó con la adjudicación a la firma vinculada al actual secretario general de River. El monto asignado, expresado en dólares, generó cuestionamientos en distintos sectores políticos y mediáticos debido al contexto económico del país y al manejo de fondos públicos destinados a campañas internacionales.
El INPROTUR es el organismo encargado de posicionar la marca Argentina en el exterior mediante campañas promocionales, presencia en ferias internacionales y acciones de prensa turística. En los últimos meses, el ente incrementó su actividad en mercados regionales con el objetivo de atraer turistas extranjeros y potenciar el ingreso de divisas.
Sin embargo, la contratación volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de adjudicación utilizados por organismos estatales y la relación entre dirigentes políticos, deportivos y empresarios vinculados al área de comunicación y marketing.
Hasta el momento, desde el entorno de Scioli no hubo declaraciones oficiales sobre la polémica, mientras que tampoco trascendieron detalles adicionales sobre los criterios técnicos utilizados para definir la adjudicación.
La situación ya comenzó a generar repercusiones en redes sociales y podría abrir un nuevo debate sobre la transparencia en las contrataciones del Estado vinculadas a promoción turística internacional.
