Causa AFA: el juez Amarante rechazó apartarse y ordenó nuevas medidas por la mansión de Pilar
El magistrado en lo Penal Económico cuestionó el intento de trasladar la investigación a Campana y dispuso completar las pruebas pendientes. La Cámara Federal de Casación convocó una nueva audiencia para el 12 de agosto.
La investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino sumó un nuevo capítulo. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó apartarse del expediente y ordenó avanzar con las medidas de prueba que todavía estaban pendientes, en una causa que tiene entre sus principales focos una lujosa mansión ubicada en Pilar.
La resolución se conoció en medio de una disputa por la competencia territorial del expediente. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, había reclamado la causa que tramita en la Justicia porteña, al considerar que existían puntos de contacto con otra investigación relacionada con presuntas maniobras de desvío de fondos y emisión de facturas falsas en perjuicio de la AFA.
Amarante rechazó ese planteo y sostuvo que los hechos investigados no tienen una vinculación suficiente con la jurisdicción de Campana. Según su interpretación, las conductas que forman parte del expediente se habrían desarrollado principalmente en la Ciudad de Buenos Aires.
La mansión de Pilar, en el centro de la investigación
Uno de los elementos que concentra la atención de los investigadores es una mansión ubicada en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares, que figura registrada a nombre de Real Central SRL.
La Justicia investiga a los integrantes de esa sociedad, Luciano Pantano y Ana Conte, debido a que, según la hipótesis que se analiza en el expediente, su situación patrimonial no sería compatible con la adquisición del inmueble y de los vehículos de alta gama encontrados en la propiedad. Por ese motivo, los investigadores sospechan que podrían haber actuado como presuntos testaferros de Toviggino.
Entre las pruebas que adquirieron relevancia aparece además una tarjeta de crédito a nombre de Pantano, que habría sido utilizada para afrontar gastos relacionados con algunos de los vehículos de lujo hallados en la propiedad.
Amarante cuestionó el cambio de sede de la AFA
Otro de los puntos centrales de la resolución fue el cambio de domicilio social de la AFA desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Pilar.
El magistrado consideró que utilizar ese cambio formal como argumento para determinar la competencia judicial implicaría darle prioridad a una cuestión registral por encima del lugar donde efectivamente se habrían desarrollado las operaciones investigadas.
Amarante calificó esa pretensión como una “mera formalidad y ficción jurídica” y señaló que, pese al cambio de domicilio social, la AFA continuaba desarrollando su actividad central en su sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires.
De esta manera, el juez decidió mantener la investigación en el ámbito de la Justicia porteña y avanzar con las pruebas que aún permanecían pendientes.
La disputa por la competencia continúa
El conflicto judicial no quedó cerrado. Ante la negativa de Amarante a desprenderse del expediente, la discusión sobre qué tribunal debe intervenir continuará en instancias superiores.
En paralelo, la Cámara Federal de Casación convocó una nueva audiencia para el miércoles 12 de agosto, una fecha que aparece como clave para el futuro inmediato de la causa.
La investigación se suma además a otra causa en la que Amarante ya procesó a Tapia y Toviggino por la presunta retención indebida de aportes de la seguridad social por unos $19.000 millones. Esos procesamientos fueron confirmados por la Cámara, que también estableció embargos por $350 millones y restricciones para salir del país, aunque Tapia obtuvo autorización judicial para viajar al Mundial.
Por ahora, la Justicia mantiene abiertas distintas líneas de investigación y el expediente continúa atravesado por la disputa entre tribunales. La audiencia del 12 de agosto será el próximo capítulo de una causa que volvió a poner bajo la lupa el patrimonio, las operaciones financieras y la estructura societaria vinculada a dirigentes de la AFA.
